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CONFIGURACIÓN
5 agosto 2025
La atención a la dependencia en España, impulsada por la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia (LAPAD) se enfrenta a desafíos significativos. Si algo ha quedado claro tras casi dos décadas de la aprobación de esta ley es que el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) necesita refuerzos.
Ahí entra la economía social: cooperativas, sociedades laborales y otras entidades que priorizan el valor social sobre el beneficio privado. Su peso ya roza el 10 % del PIB español y el 12,5 % del empleo con 2,5 millones de puestos de trabajo.
El desafío, en cifras
Listas de espera crónicas: en 2023 había 155.241 personas con derecho reconocido que seguían sin prestación; en 2024 la cifra bajó a 142 466, pero aún murieron 34.252 personas antes de recibir ayuda.
Cuidados informales en primera línea: el 29 % de las ayudas siguen recayendo en la familia, sobre todo en mujeres (75 %).
Eficiencia pública: cada millón de euros invertido en servicios de dependencia gestionados por la ES crea 39,3 empleos directos y devuelve un 40 % en impuestos y cotizaciones.
Penetración en servicios: las entidades sociales representan 44 % de la oferta en dependencia y 59 % en servicios sociales sin alojamiento.
El modelo de economía social ofrece gobernanza "un socio es igual a un voto", reinvierte excedentes en la propia actividad y mantiene brechas salariales más bajas. Esto se traduce en plantillas estables, anclaje rural y una atención centrada en la persona que encaja con la desinstitucionalización prevista por la Unión Europea.
Sin embargo, existen retos: contratos públicos adjudicados al precio más bajo, fragmentación de muchas pequeñas entidades y la amenaza de cambios regulatorios que podrían afectar a los Centros Especiales de Empleo, con riesgo para 60 000 puestos de trabajo de personas con discapacidad.
SUARA: la cooperativa que marca el ritmo
Para entender el potencial de la economía social basta con mirar a SUARA Cooperativa, líder estatal en servicios de cuidado. Con más de 150 millones de euros de facturación en 2024, gestiona 283 servicios y atiende a 49.282 personas al año.
Su receta mezcla tecnología y proximidad. El Social Digital Lab interno experimenta con teleasistencia predictiva, sensores domésticos, robótica de apoyo y realidad inmersiva. Proyectos como Casal TV, Hogares Conectados o el Centro de Vida Independiente han convertido a SUARA en referencia para administraciones que buscan reducir listas de espera sin sacrificar la calidez del trato personal.
Más allá de los gadgets, la cooperativa demuestra que la innovación puede ser inclusiva: cada nuevo servicio se diseña con participación de profesionales, personas usuarias y familias. El resultado es una cartera flexible —desde ayuda a domicilio hasta centros de día— capaz de adaptarse a zonas rurales o grandes ciudades sin perder la identidad cooperativa.
Retos de futuro
Apostar por la economía social no es una moda, sino una estrategia de impacto rápido: reduce la sobrecarga familiar, genera empleo local y optimiza el gasto público. Inyectar más recursos a servicios profesionales, blindar cláusulas sociales en la contratación y financiar la I+D sociosanitaria son los tres pasos que pueden convertir el desafío de la dependencia en una oportunidad de bienestar y desarrollo sostenible.
Fuente: https://www.fundacionespriu.coop/es/social-economy-dependency-care
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Justo J. Pliego Romero es un referente en el Derecho Cooperativo en Castilla-La Mancha. Ejerce como abogado desde el año 2009 en la defensa y asesoramiento de PYMES y cooperativas en toda la región, junto con la atención a particulares en las diferentes áreas del Derecho.
Ha sido profesor de la Fundación Escuela de Organización Industrial (EOI) y del Programa de Dirección Integral de Cooperativas Agroalimentarias (DIRCOP). En la actualidad es árbitro del Consejo Regional de Economía Social de Castilla-La Mancha y de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Ciudad Real.
09 junio, 2025
06 junio, 2025
